Piden la absolución para los 10 de Zaragoza en sede parlamentaria europea

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El pasado jueves 28 de septiembre, una delegación del grupo de apoyo de los 10 de Zaragoza nos reunimos en el Parlamento europeo con diputados de diferentes partidos para presentar nuestra causa. En la reunión hablamos del fraude en la utilización del “delito de odio”, intentándoselo aplicar a personas que precisamente son contrarias a los delitos de odio. También hablamos de la obligación por parte de las instituciones democráticas de prohibir todos los actos públicos que invitan al odio y a la segregación.
Ante el juicio por el cual “Los 10 de Zaragoza” se enfrentan a 8 años de prisión, los eurodiputados han detectado una contradición entre este proceso judicial y el respeto de la carta de los derechos fundamentales. Nos han trasmitido que en los próximos días se hará una declaración al respecto.

Miguel Urbán y Marina Albiol nos han transmitido que comunicarán nuestra situación a la Comisión Europea. Más concretamento, Urbán dirigirá una carta al vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, pues es el responsable de “velar por los derechos humanos” de los ciudadanos de la UE. Nos dijo que “éste es un ejemplo más de cómo algunos políticos, responsables policiales y de la justicia intentan amparar actitudes abiertamente xenófobas y de extrema derecha, nos sumamos a la demanda de absolución de los 10 de Zaragoza y que la Delegación de Gobierno de Aragón asuma sus responsabilidades”.

Albiol, que consideró que la Unión “no puede seguir impasible”, ha calificado el caso como “una vulneración de los derechos fundamentales. Las autoridades españolas tienen en su punto de mira cualquier movimiento social que defienda los intereses de la mayoría o luche contra el fascismo, y este tipo de detenciones tiene un marcado carácter político”.

Estas decisiones las han tomado tras explicarles que, a pesar de que hubo denuncias y una oposición social a que se celebrara el concierto neonazi en la capital aragonesa, ni la alcaldía (por entonces del PSOE) ni la Delegación de Gobierno actuaron y, a raiz de la protesta, se les acusó de diversos cargos -acompañados de pruebas llenas de inexactitudes-, como agresión y tentativa de homicidio.